Bruselas diluye las obligaciones de sostenibilidad corporativas

La Comisión Europea tiene previsto adoptar en en las próximas semanas el acto delegado que aprobará los nuevos Estándares Europeos de Información de Sostenibilidad (ESRS en sus siglas en inglés), diseñados para sustituir a los vigentes desde el próximo enero de 2027. La consulta pública se cerró el 3 de junio.

El 18 de marzo entró en vigor la Directiva Ómnibus I. Desde entonces, el número de empresas obligadas a reportar sobre sostenibilidad se redujo drásticamente para pasar de unas 50.000 a poco más de 5.000, todas ellas grandes grupos con más de 1.000 empleados y una facturación superior a los 450 millones de euros.

A la vez, la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD o CS3D) fue vaciada hasta convertirla en un queso gruyere. Se hizo desaparecer la obligación de adoptar planes de transición climática y sólo se aplica a esas empresas con más de 1.000 empleados y que facturen más de 450 millones de euros.

El ESRS 2.0 que la Comisión Europea adoptará en julio elimina 489 puntos de datos de declaración obligatoria respecto al original, suprime todos los puntos voluntarios y reescribe buena parte de los criterios para exigir información únicamente relevante para los usuarios financieros. Se reducen las obligaciones sobre las empresas a costa de la calidad de la información que reciben los inversores.

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Mapa de poder

Quién manda

• La Comisión Europea y la narrativa de la "competitividad". El vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis y la presidenta Von der Leyen venden los Ómnibus, muy queridos por el Gobierno alemán, como una respuesta de sentido común al "exceso regulatorio". Liberales, derechas tradicionales y extremas derechas los apoyan sin prácticamente fisuras en el Parlamento Europeo.
• Business Europe y las federaciones empresariales nacionales. El lobby empresarial europeo gana consiguiendo una reducción de alcance que supera sus expectativas iniciales, incluyendo umbrales tan altos para su aplicación que excluyen a la gran mayoría de empresas europeas.

Quién gana

• Las grandes empresas. Incluso las que superan los 1.000 empleados y los 450 millones de euros de facturación. Siguen obligadas a reportar, pero con estándares simplificados, menos datos y criterios más flexibles. Ahorrarán en costes de cumplimiento.
• Las pymes. Quedan eximidas de la obligación directa de reportar bajo el CSRD. La Comisión Europea adoptará, de todas formas, estándares voluntarios para pymes que deseen reportar.
• Las Big Four de consultoría y auditoría. Deloitte, PwC, KPMG y EY llevan dos años construyendo capacidades de aseguramiento de informes de sostenibilidad. Con menos empresas obligadas a reportar, el mercado será menor, pero se concentrará en clientes de mayor tamaño.

Quién pierde

• Los inversores ESG y los gestores de fondos sostenibles. Necesitan datos comparables del mayor universo posible de empresas para construir carteras sostenibles. Con el CSRD reducido a poco más de 5.000 grandes empresas en Europa, la cobertura de datos será más pequeña.
• Las ONG de sostenibilidad y los grupos de defensa de los derechos humanos. El CSDDD recortado elimina el requisito de planes de transición climática y estrecha el alcance de la diligencia debida en cadenas de suministro. Es un retroceso cn la responsabilidad corporativa.
• La credibilidad europea como poder regulatorio. La UE vendió durante años el CSRD y el CSDDD como estándares globales de referencia. Varias jurisdicciones asiáticas y latinoamericanas estaban alineando sus propias regulaciones con el modelo europeo. Ahora Europa envía una señal ambigua.

A quien seguir

• Patrick de Cambourg, presidente del Consejo de Normas de Sostenibilidad del EFRAG. El organismo asesor de la Comisión Europea entregó su informe en diciembre pasado.
• Lara Wolters, eurodiputada socialdemócrata holandesa. Ponente del CSRD en el Parlamento Europeo y voz crítica con los Ómnibus.

Próximas batallas

• El período de escrutinio del Parlamento sobre el ESRS 2.0. Cuando se adopte el acto delegado, el Parlamento Europeo y el Consejo tendrán cuatro meses para revisarlo. El Parlamento lo puede vetar si considera que la Comisión Europea fue demasiado lejos simplificando. No lo esperen.
• Las transposiciones nacionales. Los Estados miembros tienen hasta el 19 de marzo de 2027 para trasponer los cambios en el CSRD al derecho nacional. En el norte de Europa varios países estudian mantener estándares más exigentes.
• La respuesta china. Beijing presentó en mayo de 2026 sus propios estándares aplicables a empresas cotizadas en Shanghai y Shenzhen. Están alineados con los estándares ISSB internacinoales y con énfasis en riesgos climáticos. Puede terminar siendo más exigente que el estándar europeo.
• https://www.dossierbruselas.eu/db-geoeconomia-bruselas-diluye-las-obligaciones-de-sostenibilidad-corporativas/